La Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del Sector Público (LCSP) entró en vigor el 30 de abril y deroga a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Su principal función ha sido la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea 2004/18/CE. La entrada en vigor de esta ley implica la "desmaterialización de los procedimientos", optando por la plena inserción de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la contratación pública, a fin de hacer más fluidas y transparentes las relaciones entre los órganos de contratación y los operadores económicos. Este paradigma viene a su vez avalado por la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. |
